Eliminación de fideicomisos del Poder Judicial no sería tan buena idea: De la Peña
El reciente movimiento del gobierno federal para eliminar los fideicomisos vinculados al poder judicial federal ha generado inquietud y cuestionamientos en la esfera de los derechos laborales y la gestión de emergencias en México. Ante la noticia, Santiago de la Peña, Secretario General, ha planteado una serie de interrogantes cruciales que destacan la complejidad y las consecuencias potenciales de esta decisión.
La eliminación de estos fideicomisos, concebidos para garantizar la seguridad financiera de los empleados del poder judicial federal, suscita preocupación en relación con la protección de los fondos de jubilación. De acuerdo con De la Peña, esta medida podría desencadenar un vacío en la función esencial para la cual fueron creados, planteando la necesidad imperiosa de esclarecer el destino de los recursos anteriormente asignados a tales propósitos.
En sus declaraciones, el Secretario General subrayó la importancia de discernir si los fondos ahora liberados serán canalizados hacia proyectos de inversión de largo plazo o simplemente destinados a cubrir gastos corrientes. La ausencia de una explicación técnica o lógica detrás de la decisión del gobierno federal de tomar control de estos fideicomisos ha suscitado aún más incertidumbre y desconfianza en torno a la intención última de esta medida.
El señor De la Peña también aludió a la experiencia pasada en la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), cuya eliminación ha tenido repercusiones negativas en la capacidad de respuesta ante crisis, particularmente evidente en la actual sequía que afecta al estado de Chihuahua. En este contexto, resaltó la importancia crucial de los recursos federales para contrarrestar los desastres naturales en cada entidad y expresó preocupación por la posibilidad de que los estados se vean desprovistos de los medios necesarios para afrontar tales situaciones en ausencia de fondos federales.
Asimismo, el funcionario estatal informó sobre las discusiones en la cámara de diputados en torno a una iniciativa presentada por el gobierno federal que propone otorgar a los estados la responsabilidad de manejar recursos propios para enfrentar los desastres naturales. Esta propuesta ha generado un debate acalorado sobre la viabilidad y la equidad de tal enfoque, considerando las disparidades económicas entre las distintas regiones del país.
