Asegura INE ir con todo para frenar plan B electoral de AMLO

El Instituto Nacional Electoral (INE) impugnará la reciente reforma en la materia, conocida como plan B, al advertir que los cambios provocarán conflictos poselectorales en 2024 y se “dinamitará” el sistema democrático.

En sesión extraordinaria, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, señaló que frente a la puesta en vigor de las modificaciones, “todas y todos debemos prepararnos para vivir en 2024 semanas de conflicto”, a consecuencia de inequidad en las campañas e incertidumbre en los resultados, “con todo y lo que ello implica en materia de gobernabilidad democrática y paz pública”.

Al analizar el informe del INE sobre el paquete de reformas en seis leyes relacionadas con el sistema electoral, los consejeros acordaron emprender acciones legales –a través de la secretaría ejecutiva del organismo– en contra de los cambios aprobados en diciembre pasado por la mayoría integrada por Morena y sus aliados.

Si bien el proceso legislativo concluirá en febrero próximo, desde ahora el INE alista las impugnaciones al más alto nivel.

“La (Suprema) Corte tendrá la responsabilidad de salvar la democracia y la estabilidad política de este país”, señaló Córdova.

Desde el inicio de la prolongada sesión se dieron los primeros escarceos, cuando el representante de Morena ante el INE, Mario Llergo, pidió sacar del orden del día el citado informe, al argumentar que todavía no es un asunto concluido en el Legislativo.

Córdova no admitió la propuesta y, al contrario, pasó el tema del punto 16 al primero de la sesión.

Luego vinieron las exposiciones de los consejeros y representantes de partidos de oposición. Todos dijeron, con matices, que el plan B es regresivo, “destaza al sistema electoral, lo dinamita, lo hiere, lo mutila…”

El resumen que dará pie a la estrategia opositora fue delineado por el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo. Señaló que la enmienda compromete la autonomía del INE, merma la estructura territorial de los órganos ejecutivos en las entidades y distritos y deteriora los procesos de capacitación y organización electoral, que hacen posible el voto libre y el cómputo efectivo y eficiente.

La reforma, abundó el funcionario, pone también en predicamento al modelo de fiscalización electoral y en situación de peligro los datos personales de millones de ciudadanos; desconoce los derechos laborales del personal del instituto; quebranta el sistema federal y afecta a los más desfavorecidos y discriminados. La Jornada.