El brutal homicidio de Carlos Manzo, el alcalde y líder social de Uruapan, Michoacán, no solo ha sumido a una comunidad en el luto y la indignación, sino que también se ha convertido, lamentablemente, en un nuevo campo de batalla política entre Morena y la oposición. El dolor se instrumentaliza, y la búsqueda de justicia queda atrapada en el fuego cruzado de cara a la próxima contienda electoral.
Desde la trinchera de la oposición, el caso Manzo se esgrime como la prueba irrefutable del fracaso de la actual estrategia de seguridad. Las voces críticas claman por la dimisión de funcionarios y exigen una respuesta inmediata, a menudo invocando la necesidad de una mano dura y, para algunos, la militarización total del estado. Es una táctica que busca capitalizar el miedo y la desesperación de la sociedad, presentando el regreso a modelos de seguridad anteriores como la única solución viable.
Por su parte, la respuesta de Morena y el gobierno ha sido defender su visión de seguridad de manera tajante, contrastándola con los resultados de administraciones pasadas. En el discurso oficial, la tragedia es usada para recordar los errores del pasado y justificar la continuidad de la estrategia actual, enfocada en las causas y la justicia.
“Toda la fuerza del estado, la fuerza del estado es la justicia,” se ha escuchado decir desde la esfera oficial. “Hay quien pide como ocurrió con la guerra contra el narco, la militarización y la guerra, eso no funcionó, es más, fue lo que llevó a la situación de violencia en Michoacán, la guerra contra el narco, eso no funcionó, al contrario, fue lo que generó está violencia que apenas estamos disminuyendo.”
Esta es la tesis central la violencia actual es un legado directo de las fallidas políticas de seguridad que se basaron en la confrontación militar abierta y sin atender la raíz del problema.
“Fueron 6 años de Calderón, 6 años de Peña, y apenas cambió la estrategia y siempre lo hemos dicho: Es la Atención a las Causas y la Cero Impunidad, la Inteligencia, la Investigación y la Judicialización.”
El mensaje es una crítica directa a la llamada “Guerra contra el Narco”, desestimando las ejecuciones extrajudiciales y el armamento de autodefensas como soluciones fallidas. La estrategia vigente, insisten, se basa en la conjunción de dos elementos fundamentales y simultáneos:
- Atención a las Causas: Combatir la desigualdad y la falta de oportunidades para evitar que los jóvenes sean reclutados por el crimen.
- Cero Impunidad y Justicia: Fortalecimiento de las instituciones de justicia, investigación, inteligencia, y la garantía de que todo presunto delincuente tenga un juicio.
La dicotomía es clara: la oposición pide una vuelta a la mano dura; el gobierno defiende una estrategia de inteligencia, justicia social y fortalecimiento institucional.
El dolor de Uruapan, sin embargo, exige más que un debate ideológico. Mientras los políticos se enfrentan, la gente espera resultados. El compromiso del gobierno es firme: “Vamos a estar cerca de Michoacán, no están solos y no los vamos a dejar solos, de Uruapan y de todo Michoacán, igual que de todo el país.”
La sociedad civil, los deudos y los habitantes de Michoacán no merecen ser peones en este ajedrez electoral. Merecen que la fuerza del Estado se traduzca en justicia real para Carlos Manzo y en una paz duradera, sin importar qué partido gane el próximo ciclo. La verdadera fuerza del Estado no es la guerra, sino su capacidad para garantizar la vida y el juicio justo, una promesa que sigue pendiente en Uruapan.