El debate sobre un posible golpe a los automovilistas se ha encendido en la Cámara de Diputados. El vicecoordinador de la bancada de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, ha propuesto la reinstauración y uniformidad de la Tenencia Vehicular en las 32 entidades del país, una medida que busca poner fin a los “paraísos fiscales” automotrices y garantizar la autonomía financiera de los gobiernos locales.
La propuesta, anunciada en el Foro de Finanzas Públicas, es una jugada de alto riesgo con una recompensa prometedora: de aprobarse, se estima que generaría una recaudación adicional de entre 42 mil y 76 mil millones de pesos anuales.
El núcleo de la iniciativa es netamente recaudatorio. Ramírez Cuéllar argumenta que estos miles de millones de pesos dejarían de engrosar las transferencias federales para ser inyectados directamente a las arcas locales, con destino específico a proyectos de movilidad, infraestructura y servicios públicos en los municipios y estados.
Actualmente, el mapa fiscal del país está dividido:
- 15 Estados la Cobran (incluyendo la Ciudad de México y el Estado de México).
- 17 Estados No la Aplican (como Chihuahua, Jalisco, Puebla y Baja California Sur).
Esta disparidad ha incentivado la evasión fiscal masiva, creando una práctica común donde miles de automovilistas de la zona centro emplacan sus vehículos en entidades sin tenencia (como Morelos) a pesar de residir en la capital. La iniciativa de Morena busca cerrar esta “ventana de escape” e imponer la tenencia como una obligación nacional.
El plan de autonomía financiera de Morena no se limita a la tenencia. El legislador también presentó una propuesta paralela para modernizar los sistemas de catastro y registro inmobiliario municipales.
Ramírez Cuéllar enfatizó que, de los 2,548 municipios en el país, menos de una cuarta parte (solo 628) cuenta con un padrón digital adecuado. Si México logra alcanzar el promedio latinoamericano de recaudación de Impuesto Predial (equivalente al 0.38% del PIB), se podrían obtener hasta 59 mil millones de pesos adicionales al año.
La propuesta de uniformar la tenencia y digitalizar el catastro abre un debate profundo: si los gobiernos locales desean ser menos dependientes del dinero federal, el costo recaerá inevitablemente en el incremento y estandarización de los impuestos locales.