Un juez de control en Veracruz retiró la acusación de terrorismo contra el periodista Rafael León Segovia, detenido el pasado 24 de diciembre en Coatzacoalcos, pero lo vinculó a proceso por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y por acciones en contra de las instituciones de seguridad pública, imponiéndole como medida cautelar un año de prisión domiciliaria.
La resolución se dio este martes, al continuar la audiencia inicial tras su detención. Rafael León, conocido como Lafita León, cuenta con más de dos décadas de trayectoria en la cobertura de nota roja en el sur del estado y administra una página informativa en redes sociales con más de 61 mil seguidores. La imputación original por terrorismo, delito que contempla penas de hasta 30 años de prisión, fue considerada improcedente por el juzgador y quedó fuera del proceso penal.
El caso generó repercusión nacional luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionara públicamente el uso del delito de terrorismo por parte de la Fiscalía de Veracruz, al señalar que no tiene precedentes en México y subrayar que la libertad de expresión debe prevalecer. En la misma línea, la gobernadora Rocío Nahle respaldó la postura presidencial y evitó emitir juicios antes de la resolución judicial, aunque días antes había defendido la actuación de la Fiscalía.
La fiscal general del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, informó en un breve mensaje que el proceso se conduce con apego al debido proceso y reiteró el compromiso institucional de respetar la libertad de expresión, asegurando que las investigaciones se desarrollan bajo supervisión judicial.
A la salida de la audiencia, colegas del comunicador se manifestaron con la consigna no somos terroristas. El hijo del periodista expresó su alivio al confirmar que su padre podrá permanecer en casa, aunque aclaró que el proceso judicial continúa por los otros delitos imputados.
La organización Artículo 19 condenó la resolución al considerar que, aunque se descartó el terrorismo, se mantiene la criminalización de la labor periodística. Señaló irregularidades en la audiencia, el uso de un testigo protegido con declaraciones contradictorias y una medida cautelar que calificó como desproporcionada, al impedir que el periodista continúe con su trabajo. La organización advirtió que el caso sienta un precedente riesgoso para la libertad de prensa y pidió la intervención del Mecanismo Federal de Protección para salvaguardar al comunicador y a su familia.
El proceso contra Rafael León seguirá su curso mientras permanece bajo resguardo domiciliario, en un contexto de fuertes señalamientos sobre el impacto del caso en el ejercicio periodístico en Veracruz.