La aparición de un salón de belleza en las instalaciones del Senado de la República desató una fuerte confrontación política que culminó en la clausura del espacio.
Xóchitl Gálvez Ruiz, exsenadora y excandidata presidencial, encabezó las críticas contra la bancada de Morena, acusando al partido de incongruencia frente a su discurso de austeridad. A través de sus redes sociales, Gálvez señaló que a los legisladores oficialistas “ya ni les da pena” haber regresado privilegios estéticos a la Cámara Alta, señalando una supuesta “doble moral” al preferir el arreglo personal sobre las labores en sesión.
A esta postura se sumó Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, quien calificó el espacio como un “salón de belleza clandestino” operado supuestamente con recursos públicos. El senador criticó que, en un contexto de crisis, los impuestos de la ciudadanía se destinen a servicios de manicura y peluquería para los legisladores, a quienes tildó de “buenos para nada” por utilizar el recinto legislativo con fines de arreglo personal.
La controversia escaló luego de que se difundieran detalles sobre el lugar, ubicado en la torre del Hemiciclo y equipado con sillones de estética y estaciones de lavado. Ante los señalamientos, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, salió en defensa del servicio aclarando que no es gratuito ni exclusivo para mujeres. Castillo justificó la existencia del espacio argumentando que los legisladores deben mantener una presentación adecuada y que, debido a los horarios de los vuelos desde otros estados y las sesiones plenarias, acudir a servicios externos resulta complicado. Precisó además que cada usuario paga por el servicio recibido a una encargada particular.
Por su parte, figuras de Morena como la senadora Andrea Chávez se deslindaron tajantemente de la operación del lugar, negando haberlo habilitado o utilizado. Sin embargo, ante la presión mediática y las críticas por el uso del inmueble para fines no legislativos, las autoridades del Senado optaron por clausurar el local y colocar sellos de resguardo, cerrando así un capítulo que reavivó el debate sobre los privilegios y la transparencia en el uso de los espacios públicos.