En un giro que escala la tensión judicial en el estado, el abogado Héctor Villasana anunció una contraofensiva jurídica total tras la polémica decisión de la magistrada Elizabeth Macías Márquez, quien revocó la vinculación a proceso de un sujeto acusado de un ataque armado en Parral.
La estrategia de la defensa de las víctimas no solo contempla un juicio de amparo que será presentado en los próximos quince días, sino que apunta directamente a la conducta de la juzgadora mediante una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial y una solicitud de juicio político en el Congreso del Estado, bajo el argumento de que la resolución incurrió en una ilegalidad flagrante al favorecer al acusado en un recurso de apelación que la propia defensa no había impugnado.
El origen de la controversia se remonta a una violenta incursión en una funeraria, donde un individuo armado desató un ataque que dejó heridos de gravedad y puso en riesgo la vida de varios presentes, incluido el propio Villasana, quien relató haber estado a escasos centímetros de recibir un impacto en el pecho.
Pese a la existencia de grabaciones que documentan la agresión y el hecho de que una de las víctimas aún conserva un proyectil alojado en su pierna, la magistrada determinó la inexistencia del delito, una postura que el litigante califica como un despropósito jurídico derivado de un posible tráfico de influencias.
Con la advertencia de que este hecho “no puede quedar como si nada hubiera pasado”, el equipo legal se prepara para llevar el caso hasta las últimas instancias administrativas y legislativas para revertir lo que consideran una impunidad fabricada desde el escritorio judicial.