En los pasillos del Poder Judicial del Estado, el aire se ha vuelto denso. Lo que debería ser un recinto de imparcialidad parece haberse convertido en una aduana de privilegios donde el apellido pesa más que el código penal. La reciente resolución de la magistrada Elizabeth Macías Márquez no es solo un revés jurídico; es un mensaje político estruendoso que ha puesto a la abogacía local en pie de guerra.
La revocación de la vinculación a proceso de Fernando Ramírez Gutiérrez, hermano del presidente del Congreso, Guillermo Ramírez, quien por cierto, de inmediato salió a deslindarse. El abogado Héctor Villasana no ha andado con rodeos: califica la decisión de “ilegalidad flagrante”. Y tiene argumentos. Resulta que la magistrada decidió “corregirle la plana” al juez de origen a favor del acusado en un recurso de apelación que ni siquiera la defensa del imputado había promovido. En el argot legal, eso es una cortesía procesal que raya en lo sospechoso.
El caso no es menor. Hablamos de una incursión armada en una funeraria de Parral, con víctimas heridas, balas aún alojadas en extremidades y videos que documentan el terror. Que ante tales evidencias se decrete la “inexistencia del delito” solo puede entenderse bajo la óptica de una justicia que se dobla ante el poder político. Por ello, la ofensiva de Villasana es total: un juicio de amparo, una queja disciplinaria y la petición de juicio político ante el Congreso. Sí, el mismo Congreso que preside el hermano del beneficiado. El nudo ciego está puesto.
Pero llueve sobre mojado. Esta percepción de una “justicia para amigos” se alimenta de antecedentes que la memoria colectiva no olvida. Ahí está la sombra del caso del cuñado del diputado Kiko Sánchez, quien fue liberado pese a las graves acusaciones de secuestro que pesaban en su contra. La coincidencia es alarmante: en ambos episodios, los hilos de la libertad parecen moverse en las oficinas de los legisladores y se ejecutan en los despachos de los magistrados.
Si el Tribunal de Disciplina Judicial y el propio Congreso no actúan con transparencia, confirmarán la sospecha de que en el estado el derecho es un traje a la medida.
Mientras las víctimas siguen con balas en el cuerpo, los victimarios brindan con la impunidad que solo un buen árbol genealógico puede comprar. La pregunta es: ¿hasta dónde llegará la cuerda antes de romperse?