La sorpresiva muerte de dos agentes estadounidenses en territorio chihuahuense destapó una grieta de comunicación entre los distintos niveles de mando, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum reconociera abiertamente que su administración no tenía conocimiento de la colaboración directa que el gobierno estatal mantenía con las agencias del país vecino.
El incidente, que ya escala a nivel diplomático, obligó a la mandataria a aclarar que, contrario a lo que se reportó inicialmente, el Gabinete de Seguridad federal no fue consultado ni notificado sobre las operaciones conjuntas que derivaron en este desenlace fatal.
Pese a que las primeras versiones sugerían un puente de información establecido a través de la fiscalía local, Sheinbaum desmintió categóricamente tal vínculo, señalando que la decisión de permitir la operación de los agentes fue una determinación unilateral del gobierno de Chihuahua.
Mientras lamentaba el fallecimiento de los oficiales y enviaba sus condolencias a las familias afectadas, la presidenta confirmó que el secretario de Seguridad ya se encuentra en contacto con el embajador Ron Johnson para esclarecer los hechos.
Ante la opacidad del caso, el Gobierno de México ha solicitado formalmente un reporte detallado a las autoridades estatales para entender bajo qué marco legal y operativo se permitía esta presencia extranjera, ofreciendo al mismo tiempo el apoyo de la embajada para profundizar en una investigación que ha puesto bajo la lupa la autonomía de las entidades en temas de seguridad binacional.