La tribuna del Congreso se convirtió ayer en un campo de batalla donde la diplomacia judicial y los operativos de seguridad sirvieron como proyectiles. Lo que inició como una sesión ordinaria terminó en un intercambio de acusaciones que dejó claro que, entre PAN y Morena, la cortesía parlamentaria es un artículo de lujo que no piensan costear.
La ofensiva azul: Sinaloa en la mira
La diputada panista Carla Rivas abrió fuego con un tema que quema: los presuntos vínculos entre el narcotráfico y la cúpula política de Sinaloa. Con el respaldo total de su bancada, Rivas presentó un exhorto que busca sacudir las estructuras de la FGR y la Cancillería. La exigencia es clara: que se le dé trámite a la solicitud de extradición del Departamento de Justicia de EE. UU. contra diez nombres de alto calibre.
En la lista negra figuran personajes como el gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza, a quienes el país vecino tiene bajo la lupa. La narrativa de Acción Nacional fue calculada:
“No buscamos juzgar, sino que las autoridades no dejen el caso en el aire”, soltó Rivas, apelando a un Tratado de Extradición que, a su juicio, parece estar siendo ignorado por “cortesía política”.
El contragolpe guinda
Morena no se quedó de brazos cruzados y, con la misma intensidad, lanzó su propia carga de profundidad. La diputada Magdalena Rentería reviró el golpe exigiendo la comparecencia de los pesos pesados de la seguridad estatal: Gilberto Loya (SSPE) y Francisco Sáenz (Fiscalía).
El motivo del conflicto es el operativo en “El Pinal”, municipio de Morelos, aquel que el Gobierno estatal presumió como el desmantelamiento del laboratorio de droga más grande en la historia reciente de América Latina. Para Morena, la “gran hazaña” tiene más de guion cinematográfico que de realidad policial.
- Inconsistencias: Rentería cuestionó la narrativa oficial.
- Soberanía: Criticó la intervención de agentes extranjeros, calificando el evento como un “espectáculo” diseñado para las redes sociales panistas.
El choque de narrativas
Lo que vimos en el recinto no fue una discusión técnica sobre procedimientos legales o tácticas de seguridad. Fue un espejeo político:
- El PAN señala hacia el sur, acusando una supuesta protección federal hacia funcionarios de Sinaloa.
- Morena señala hacia el interior, acusando un presunto montaje estatal para ganar puntos electorales con la bandera del combate al narco.
Mientras las acusaciones de “narcopolítica” volaban de un lado a otro, la realidad es que ambos temas —la solicitud de extradición de EE. UU. y la veracidad de los operativos locales— quedan atrapados en el fuego cruzado. Entre el exhorto de Rivas y la comparecencia exigida por Rentería, el Congreso demostró que, en tiempos de polarización, la justicia se busca más en el micrófono que en los juzgados.
¿Logrará el PAN presionar lo suficiente para que la SRE mueva los expedientes de Sinaloa, o terminará Morena sentando a Loya y Sáenz en el banquillo de los acusados por “El Pinal”? Por ahora, la moneda sigue en el aire, pero el ambiente en la tribuna ya está al punto de ebullición.