Una investigación realizada por el Puente News Collaborative y Los Angeles Times reveló que el gobierno de Estados Unidos mantiene investigaciones contra los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya.
En el caso de Alfonso Durazo, de 71 años, los reporteros Steve Fisher y Kate Linthicum señalan que su visa fue cancelada el año pasado debido a supuestos vínculos con el crimen organizado, los comunicadores aseguran que el gobernador sonorense fungió como secretario de Seguridad Pública durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Aunque se le negó la visa, se reporta que el gobernador de Sonora ingresa regularmente a territorio estadounidense para recibir atención médica bajo el programa Significant Public Benefit parole (Libertad condicional por beneficio público significativo) , el cual “permite a no ciudadanos testificar ante un gran jurado para mitigar las consecuencias de cargos actuales o pendientes contra ellos u otros”.
Respecto al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, la investigación señala que su caso estaría relacionado con el robo de combustible, conocido como huachicol.
Fuentes citadas por la publicación indican que Villarreal también cuenta con un parole y que, en sus frecuentes visitas a Estados Unidos, recibe escolta de oficiales estadounidenses. El mandatario tamaulipeco calificó de falsas las acusaciones en su contra.
La publicación también destaca la tensión diplomática derivada de estos procesos judiciales, recordando que la presidenta Claudia Sheinbaum ha descalificado las acciones contra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, considerándolas una campaña de difamación con motivaciones políticas.
Asimismo, se reporta que, durante una reunión con el secretario de Seguridad Interna, Markwayne Mullin, la presidenta Sheinbaum advirtió que cualquier acusación adicional de Estados Unidos contra líderes electos mexicanos sería interpretada como una interferencia política en los asuntos internos del país, reiterando que el destino legal de funcionarios como Rocha Moya se determinará exclusivamente en México.