En la narrativa oficial, las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos suelen medirse con la fría precisión de la estadística. La presidenta Claudia Sheinbaum echó mano de esa numeralia para presumir lo que, hasta hace poco, parecía un idilio pragmático con la administración Trump: una caída del 97.5% en los encuentros migratorios en la frontera. Una cifra contundente que la mandataria no dudó en calificar como el resultado de una coordinación “histórica, nunca antes vista”.
Sin embargo, en la alta política las lunas de miel suelen ser breves y los espejismos, costosos. El idilio migratorio y los canales de entendimiento mutuo contra el narcotráfico topó con pared. O mejor dicho, topó con la realidad de la soberanía nacional en el norte del país.
El punto de inflexión hoy tiene nombre y apellido geográfico: el denominado “caso CIA” en Chihuahua.
Lo que la presidenta admitió en su discurso no es un roce diplomático menor; es un verdadero parteaguas que ha venido a tensar la liga bilateral hasta poner a prueba los límites de nuestra soberanía. La revelación de que agentes de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense operaban en territorio chihuahuense sin la debida acreditación ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) —violando flagrantemente las leyes mexicanas vigentes— rompió los platos de una mesa que se presumía perfectamente servida.
¿De qué sirve presumir un control migratorio histórico si la contraparte opera en las sombras de nuestro propio territorio, ignorando las reglas del juego diplomático?
Este pasaje abre una crisis que obliga al gobierno de Sheinbaum a recalibrar la postura frente a Washington. La coordinación es deseable y necesaria, pero jamás puede ser sinónimo de permisividad o de omisión ante el espionaje y la intervención unilateral. El caso Chihuahua demuestra que, detrás de las palmadas en la espalda por las cifras fronterizas, la vieja inercia estadounidense de actuar por encima de los marcos legales locales sigue intacta.
La soberanía no se negocia a cambio de un buen dato estadístico. El reto para la administración federal ya no es mantener el aplauso de la Casa Blanca, sino exigir el respeto que una verdadera vecindad democrática requiere. La crisis está abierta, y las cartas sobre la mesa de la soberanía nacional se tendrán que volver a jugar, esta vez con mucha más firmeza.