Chihuahua, Chih.- La diputada local Xóchitl Contreras cuestionó al alcalde Cruz Pérez Cuéllar por no haber presentado denuncias ni promovido acciones legales contra los presuntos responsables de las irregularidades financieras y administrativas que, según ha señalado en distintas ocasiones, encontró al asumir la administración municipal en 2021.
La legisladora recordó que el presidente municipal ha atribuido diversos problemas fiscales, financieros y administrativos a gobiernos anteriores. Sin embargo, consideró incongruente que esos señalamientos no hayan derivado en procedimientos para investigar y sancionar posibles responsabilidades.
“Si el alcalde sostiene que recibió una administración con irregularidades, adeudos o incumplimientos, tenía la obligación de denunciar desde el inicio de su gestión y permitir que las autoridades competentes investigaran los hechos”, expresó.
Contreras señaló que, después de casi cinco años de gobierno, siguen sin conocerse resultados concretos relacionados con denuncias, procedimientos administrativos o acciones encaminadas a recuperar recursos que presuntamente pudieron afectar al patrimonio municipal.
La diputada sostuvo que cuando una autoridad detecta posibles anomalías en el manejo de recursos públicos debe actuar de inmediato, pues la rendición de cuentas exige no solo identificar problemas, sino también emprender acciones para esclarecerlos y, en su caso, sancionar a los responsables.
Asimismo, afirmó que la falta de actuaciones genera dudas sobre el seguimiento que se dio a los señalamientos realizados por la propia administración municipal al inicio del periodo de gobierno.
“Los juarenses merecen saber qué se hizo frente a las irregularidades que se denunciaron públicamente. Si eran tan graves como se afirmó, resulta válido preguntar por qué no hubo consecuencias para quienes las habrían provocado”, indicó.
Finalmente, Xóchitl Contreras reiteró que continuará solicitando información sobre las condiciones en que se recibió la administración municipal y sobre las medidas que debieron implementarse para garantizar transparencia, legalidad y protección de los recursos públicos.