El Gobierno federal dio a conocer un plan integral para atender de fondo dos de los conflictos sociales y ambientales más prolongados en Sonora: la huelga minera de Cananea y las afectaciones provocadas por el derrame de sustancias tóxicas en el Río Sonora en 2014. La estrategia contempla una inversión superior a los 2 mil 200 millones de pesos y fija responsabilidades claras para su financiamiento y ejecución.
Durante la presentación del Plan de Justicia Cananea, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, señaló que el derrame ocurrido hace más de una década tuvo consecuencias graves tanto en el medio ambiente como en la salud de las comunidades de la cuenca del río, por lo que el nuevo esquema busca ir más allá de acciones aisladas y establecer medidas integrales, verificables y con seguimiento permanente.
Del total de los recursos, Grupo México deberá aportar el 70 por ciento, equivalente a alrededor de mil 500 millones de pesos. El resto será cubierto por el Gobierno federal, con poco más del 22 por ciento, y por el Gobierno de Sonora, con el 8 por ciento. A ello se suman depósitos previos realizados por la empresa ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, lo que eleva el monto global a más de 2 mil 222 millones de pesos.
El plan incluye acciones para la remediación ambiental del Río Sonora, como estudios técnicos de suelos y sedimentos, restauración ecológica y la instalación de un sistema de monitoreo permanente de la calidad del agua. También se contempla el fortalecimiento de la infraestructura hidráulica y la vigilancia de contaminantes para prevenir nuevos episodios de contaminación.
En el ámbito social y laboral, el acuerdo marca el cierre formal de la huelga minera iniciada en 2007, uno de los movimientos laborales más largos del país. Las autoridades informaron que se dará paso al pago de indemnizaciones a trabajadores, viudas y familias afectadas, además de proyectos de mejoramiento urbano y bienestar para la región.
En materia de salud, se anunciaron inversiones para ampliar la capacidad hospitalaria, con la reconversión de unidades médicas, la creación de servicios especializados y laboratorios para la detección de metales pesados, como parte de la atención a los impactos derivados de la contaminación.
Funcionarios federales y estatales coincidieron en que el Plan de Justicia Cananea representa un punto de inflexión para Sonora, al atender conflictos que permanecieron sin solución durante años y sentar las bases de una nueva etapa para las comunidades mineras y los municipios de la cuenca del Río Sonora, con compromisos medibles en trabajo, salud, agua y medio ambiente.