Más de 50 organizaciones no gubernamentales denunciaron que el gobierno de Israel retiró licencias a decenas de ONG internacionales, una medida que, advirtieron, amenaza con paralizar gran parte de la ayuda humanitaria en Gaza y Cisjordania en medio de una emergencia sin precedentes.
En un comunicado conjunto firmado por 53 organizaciones, se acusó a Israel de obstaculizar deliberadamente la asistencia a la población civil al cancelar o no renovar los registros de más de 35 ONG que operan en los Territorios Palestinos Ocupados. Las entidades subrayaron que estas organizaciones son clave para la respuesta humanitaria y trabajan de manera coordinada con Naciones Unidas y la sociedad civil palestina.
Las ONG alertaron que, pese al alto el fuego, la situación humanitaria sigue siendo crítica. En Gaza, una de cada cuatro familias sobrevive con solo una comida al día, mientras que las tormentas invernales han desplazado a miles de personas, dejando a 1.3 millones en necesidad urgente de refugio. Recordaron que las organizaciones internacionales entregan más de la mitad de la ayuda alimentaria, sostienen alrededor del 60 por ciento de los hospitales de campaña y encabezan la mayoría de las acciones de refugio y atención a la desnutrición infantil.
Advirtieron que la salida forzada de estas ONG provocaría el cierre de instalaciones de salud, la suspensión de la distribución de alimentos y el colapso del apoyo a personas desplazadas. En Cisjordania, señalaron, las redadas militares y la violencia de colonos ya han incrementado el desplazamiento, por lo que mayores restricciones reducirían aún más el acceso a asistencia esencial.
Las organizaciones rechazaron el argumento israelí de exigir datos personales sensibles del personal humanitario, al considerar que ello viola principios humanitarios y obligaciones de protección de datos. También denunciaron que más de 500 trabajadores humanitarios han muerto desde el inicio de la ofensiva en Gaza.
Finalmente, recalcaron que el acceso humanitario no es opcional ni político, sino una obligación legal bajo el derecho internacional humanitario, y exigieron a Israel revertir la medida. Asimismo, llamaron a los gobiernos donantes a ejercer presión para proteger las operaciones humanitarias y garantizar que la población civil reciba la ayuda urgente que necesita.