Estados Unidos. Los protestantes exigen que el mandatario venezolano sea liberado, al tiempo que denuncian que el proceso judicial que se realizará este lunes 5 de enero es una fachada para una agresión bélica que busca apropiarse de los recursos naturales de Venezuela.
En las horas previas a la comparecencia forzosa y contraria al derecho internacional del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, el clamor por su libertad se ha intensificado con masivas movilizaciones en las cercanías a la sede de ese tribunal, uno de los más relevantes del sistema judicial estadounidense.
Las protestas, marcadas por indignación, denuncian lo que expertos califican como el mayor atropello al Derecho Internacional en el siglo XXI, señalando que el mandatario fue secuestrado ilegalmente en Caracas, capital venezolana, durante la madrugada del sábado 3 de enero junto a su esposa, la primera combatiente Cilia Flores.
Los asistentes exigen la liberación inmediata del mandatario venezolano, al tiempo que denuncian que este proceso judicial es una fachada para una agresión bélica que busca apropiarse de los recursos naturales de la nación suramericana.
Estas acciones de protesta se desarrollan también en múltiples lugares de la ciudad y se suman a las concentraciones registradas el pasado fin de semana frente al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, donde Maduro y su esposa se encontraban recluidos en áreas aisladas.
Entre consignas como “¡América Latina no es de ustedes!” y “¡No más golpes de Estado!”, los manifestantes han señalado que la Administración de Donald Trump ha cometido un acto criminal al invadir un país soberano para capturar a su Jefe de Estado.
Para los movimientos sociales, no se trata de una operación judicial legítima, sino de una estrategia de saqueo que vulnera la soberanía de los pueblos y que pretende imponer la fuerza por encima de la diplomacia, utilizando el pretexto del narcotráfico para ocultar intereses energéticos estratégicos.
Desde la perspectiva del Derecho Internacional, la gravedad del secuestro del presidente Maduro radica en que tanto Estados Unidos como Venezuela son miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y están sujetos a su Carta fundamental.
La acción unilateral de Washington vulnera los artículos 1º y 2º, así como el Capítulo VII de dicha Carta, que prohíben recurrir al uso de la fuerza o a su amenaza. Al atacar Venezuela y secuestrar a su Jefe de Estado, se ha violado la Resolución 3314, que define la agresión como el uso de la fuerza armada contra la soberanía de otro Estado, y la Resolución 2625, que obliga a mantener relaciones pacíficas.
No se trata de la violación de principios generales abstractos, sino de normas vigentes que el Gobierno de Trump ha decidido ignorar deliberadamente. Jurídicamente, el secuestro de un presidente en ejercicio constituye un crimen de guerra que rompe con todas las normas de inmunidad soberana, un precedente que expertos como William Schabas sugieren debería ser juzgado por el Tribunal Penal Internacional.
La captura de Maduro evoca los capítulos más oscuros de la política exterior de Washington, como la invasión a Panamá en 1989 para capturar a Manuel Noriega o la agresión a Irak en 2003, confirmando una vez más la tendencia de los ejecutivos republicanos a actuar al margen de la legalidad internacional. Telesur.