Lo que durante décadas fue un mito genial del neoliberalismo —que subir el salario mínimo provocaría una catástrofe inflacionaria— hoy se desmorona frente a la contundente realidad de las cifras. México ha dejado de ser el “pariente pobre” de la región para consolidarse como una de las economías con mayor justicia distributiva.
Apenas iniciamos el 2026 y el tablero latinoamericano muestra un cambio drástico de posiciones. México ha escalado hasta el tercer lugar en el ranking de los mejores salarios mínimos de América Latina, superando a naciones que históricamente nos llevaban la delantera. Hace apenas un año, el país se ubicaba en la sexta posición; hoy, solo Uruguay y Chile se mantienen por encima en esta comparativa regional.
Este avance no es obra de la casualidad, sino de una política de estado que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha definido como el corazón de su administración. Con el reciente incremento del 13% que entró en vigor este 1 de enero, el salario mínimo general alcanzó los 315.04 pesos diarios ($9,582 mensuales), una cifra que parecía inalcanzable cuando en 2018 el país ocupaba los últimos lugares, incluso por debajo de economías mucho más pequeñas.
“Con justicia social fortalecemos la economía de las familias; por el bien de todos, primero los pobres”, ha reiterado la mandataria, subrayando que el fortalecimiento del mercado interno es el verdadero motor del crecimiento.
El éxito de esta estrategia radica en el consenso. A diferencia de las imposiciones del pasado, el ajuste para 2026 fue producto de un acuerdo entre el sector empresarial, obrero y el Gobierno, demostrando que la IP ha asimilado que un trabajador con mejor poder adquisitivo es, también, un consumidor más activo.
La meta es clara: llegar a 2030 con un salario que cubra 2.5 canastas básicas. Por ahora, el salto del sexto al tercer puesto es un mensaje potente para los mercados y para la ciudadanía: en México, la prosperidad ya no se queda en la punta de la pirámide, sino que está empezando a cimentar la base.