Acceder a información pública en México ya no es un proceso claro ni garantizado. Lo que antes implicaba una solicitud, una respuesta y, en caso necesario, un recurso de revisión, hoy se ha convertido en un camino lleno de obstáculos, silencios y simulaciones. La eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, aprobada por el Senado el 27 de noviembre de 2024, dejó un vacío que impacta directamente en el derecho a saber y encendió alertas entre organizaciones, periodistas y ciudadanía.
Como último respiro quedó la Plataforma Nacional de Transparencia. En el papel, sigue operando y permite presentar solicitudes de información. En la práctica, su función se ha ido vaciando. Sin el INAI como órgano garante, ya no existe una autoridad que obligue a responder en tiempo y forma, ni un mecanismo efectivo para reclamar cuando la respuesta no llega o es claramente insuficiente. La plataforma aparenta funcionar, pero cada vez más solicitudes terminan en un callejón sin salida.
Organizaciones de la sociedad civil han denunciado estas fallas de manera reiterada. Una de ellas es Elementa DD.HH., que ha documentado cómo el acceso a información pública se ha vuelto un proceso tortuoso, especialmente en temas sensibles como seguridad y desapariciones. A través de la PNT, algunos sujetos obligados responden redirigiendo a los solicitantes a correos electrónicos externos. Ese simple movimiento cancela la posibilidad de interponer una queja dentro del sistema. Después, el silencio o las respuestas tardías e insatisfactorias se vuelven la norma.
El caso de Elementa es ilustrativo. Desde 2019, la organización da seguimiento a la crisis de desapariciones en Baja California, con el objetivo de generar información confiable que sirva a colectivos y familiares de personas desaparecidas. Para ello, solicitó a la fiscalía datos básicos: número de carpetas de investigación abiertas por desaparición, estatus de las personas registradas, así como sexo y edad. Información que, por ley, debería ser pública.
Durante años, esos datos fueron entregados y permitieron actualizar el micrositio Desaparecer en Baja California, una herramienta de consulta y análisis construida a lo largo de un año de trabajo de síntesis y diseño de información. Sin embargo, desde 2023 la fiscalía dejó de proporcionar los datos, bajo el argumento de que su difusión podría poner en riesgo investigaciones, a las personas involucradas y a las propias víctimas.
Ante la negativa, Elementa, con el acompañamiento de la organización Di-sentir, promovió un amparo para garantizar su derecho de acceso a la información. Lo ganó. Aun así, la fiscalía decidió impugnar la sentencia, alegando que no existía un interés legítimo para solicitar esos datos y que, por tanto, no se afectaba ninguna esfera de derechos. Para Elementa, el mensaje es alarmante, se pone en duda el interés público de acceder a información relacionada con graves violaciones a derechos humanos.
Mientras tanto, el acceso a la información se vuelve cada vez más complejo y opaco. En octubre de 2025, la entonces secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, reconoció que la infraestructura de la PNT no recibía mantenimiento, que el software era obsoleto y presentaba fallas. Aun con esas deficiencias, antes era una vía viable para obtener datos. Hoy, en muchos casos, ya no lo es.
Lo que ocurre con Elementa no es una excepción, sino un síntoma. Sin un órgano garante fuerte y con una plataforma que solo simula cumplimiento, la transparencia queda reducida a un trámite sin consecuencias. Y cuando la información pública no fluye, lo que crece es la oscuridad, incluso en temas donde saber es una forma de proteger derechos y exigir justicia.