Aunque la captura de Bertha “N” en territorio estadounidense se derivó inicialmente de infracciones migratorias y no de una petición directa de la Fiscalía General de la República (FGR), la situación legal de la detenida ha tomado un nuevo curso tras la intervención de las autoridades locales mexicanas.
Una vez que se confirmó su aseguramiento en el país vecino, la Oficina de Interpol México, perteneciente a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), recibió una notificación formal por parte de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Dicha representación ministerial informó que cuenta con diversas investigaciones vigentes y carpetas abiertas en contra de la señalada, lo que motivó el inicio de los trámites para su presentación ante la justicia estatal.
En respuesta a este requerimiento, la FGR estableció un canal de comunicación permanente con las autoridades de los Estados Unidos. El objetivo de estas gestiones es coordinar una deportación controlada que garantice que Bertha “N” sea puesta a disposición de las instituciones correspondientes en México para que enfrente los procesos penales que se le imputan.