Con el eco de la consigna “Soy papá, no criminal” retumbando en la explanada del Supremo Tribunal de Justicia, un grupo de padres de familia alzó la voz para denunciar lo que califican como una sistemática y dolorosa violación a su derecho de convivencia.
Entre pancartas y testimonios cargados de impotencia, los manifestantes expusieron un panorama donde los procesos judiciales en materia familiar, lejos de proteger el bienestar del menor, parecen haberse convertido en un laberinto de obstáculos legales y personales.
La denuncia central apunta a una problemática creciente: el uso de denuncias por violencia familiar que, aseguran, son fabricadas con el único fin de restringir o anular el contacto con sus hijos, utilizándolos como instrumentos de presión o castigo en conflictos de pareja.
La indignación de los presentes se agrava ante la paradoja de cumplir rigurosamente con sus responsabilidades económicas, como el pago de pensiones alimenticias, mientras son desterrados de la vida cotidiana de sus hijos por criterios que consideran parciales.
“No somos delincuentes, somos padres que queremos estar presentes”, sentenciaron, subrayando que la ausencia de la figura paterna deja cicatrices profundas en el desarrollo emocional y social de los menores.
Ante lo que perciben como una justicia lenta e inclinada, el colectivo exigió una revisión urgente de los criterios legales aplicados en los juzgados de lo familiar, advirtiendo que esta lucha no se detendrá en los tribunales.
Como medida de presión para visibilizar lo que consideran una crisis de derechos, anunciaron una próxima marcha por el centro de la ciudad, dejando claro que no permitirán que sus hijos sigan siendo el botín de guerra en un sistema que los ha relegado al olvido.