La política chihuahuense ha sufrido un sismo cuya magnitud apenas comenzamos a calcular. La renuncia irrevocable de César Jáuregui Moreno a la Fiscalía General del Estado (FGE) no es solo la salida de un funcionario de alto nivel; es el reconocimiento de una crisis de control institucional que toca las fibras más sensibles de la seguridad nacional y la diplomacia con nuestro vecino del norte.
El “Golpe Histórico”
Paradójicamente, la caída del fiscal ocurre tras lo que él mismo calificó como un éxito sin precedentes: el desmantelamiento en la localidad de Morelos de uno de los laboratorios de drogas sintéticas más grandes en la historia de México. Sin embargo, en política, el fin no siempre justifica los medios, y menos cuando los medios incluyen la presencia no autorizada de agentes extranjeros en suelo nacional.
El factor determinante fue la muerte de presuntos agentes de la CIA en dicho operativo. La narrativa oficial se colapsó cuando Jáuregui admitió que la información inicial era “inconsistente”. Lo que comenzó como un reporte de bajas en un enfrentamiento terminó revelando un esquema de colaboración extraoficial que operaba fuera de los radares de la ley y de los mandos superiores.
Las omisiones y el “factor CIA”
La fiscal Wendy Chávez ha intentado matizar la situación, pero sus declaraciones han generado más dudas que certezas. Según Chávez:
- Los agentes extranjeros tenían una participación “limitada y reservada”.
- Solo interactuaban con el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).
- No portaban armas ni insignias, vestían de civil y mantenían el rostro cubierto.
Jáuregui, en un acto de realismo político, aceptó que hubo omisiones que vulneraron los mecanismos de control. Al reconocer su “responsabilidad política”, el ahora exfiscal admite que la eficacia contra el narco no puede ser moneda de cambio por la soberanía.