Chihuahua, Chih.- El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, expresó reservas sobre la iniciativa federal que busca crear una comisión dentro del Instituto Nacional Electoral para revisar los antecedentes de aspirantes a cargos públicos y detectar posibles vínculos con el crimen organizado.
La propuesta, presentada por la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, plantea reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para que los partidos políticos entreguen listas de candidatos a revisión antes de los registros oficiales. La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la medida al señalar que en el país han surgido casos de alcaldes relacionados con el narcotráfico.
Ante ese escenario, De la Peña afirmó que la iniciativa debe analizarse con cuidado, ya que podría convertirse en “un arma de doble filo”. Explicó que el mecanismo contempla una comisión que emitiría opiniones sobre los perfiles sin transparentar la información utilizada, situación que, dijo, abre la puerta a decisiones discrecionales.
El funcionario consideró preocupante que una persona pueda quedar marcada por señalamientos sin sustento público y advirtió que eso podría afectar principios como la presunción de inocencia. También llamó a los diputados federales a estudiar la propuesta antes de aprobarla y discutirla de cara a la sociedad.
De la Peña señaló además que resulta contradictorio que una iniciativa de este tipo provenga de un movimiento político que históricamente impulsó límites a la intervención del Estado en la vida de las personas. Desde su perspectiva, la comisión tendría facultades similares a las de un “gran elector” previo al registro de candidaturas.
Sobre la intención de frenar la infiltración del crimen organizado en la política, reconoció que la propuesta incluye elementos que podrían parecer útiles, aunque insistió en que el problema debe atenderse desde las instituciones encargadas de investigar delitos y operaciones financieras.