En un movimiento que eleva la tensión institucional entre el gobierno de Chihuahua y las autoridades federales, la gobernadora Maru Campos Galván interpuso una denuncia formal ante el Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República (FGR).
La acción legal, promovida por el equipo jurídico de la mandataria, responde directamente a un citatorio emitido por dicha representación social, exigiendo que cualquier actuación dirigida hacia su persona se apegue estrictamente al marco constitucional y respete el régimen legal aplicable a un gobernador en funciones.
De acuerdo con los argumentos de la denuncia, el citatorio federal —formulado bajo el esquema de una “entrevista” sobre hechos de competencia federal— carece de claridad en sus alcances y podría camuflar un acto de investigación dirigido de forma personal contra una servidora pública que goza de fuero constitucional. En este sentido, la defensa de Campos Galván subrayó que, debido a su alta investidura, la FGR no puede proceder de esta manera sin antes agotar los procedimientos especiales que dicta la Constitución Mexicana.
A pesar del reclamo por lo que consideran una vulneración a las garantías del cargo, el gobierno de Chihuahua reiteró su plena disposición para colaborar con las autoridades federales.
Sin embargo, enfatizaron que dicha cooperación debe darse siempre a través de los canales institucionales correctos, de manera fundada, transparente y sin violar la legalidad ni los derechos de quienes ejercen una función pública de esta naturaleza.