Chihuahua, Chih.- La presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Chihuahua, Daniela Álvarez Hernández, cuestionó la explicación ofrecida por la dirigente estatal de Morena, Brighite Granados, respecto a que la cancelación de su visa estadounidense obedeció a una infracción de tránsito ocurrida hace aproximadamente una década.
Durante rueda de prensa, la dirigente panista afirmó que la versión presentada por la líder morenista genera dudas razonables entre la ciudadanía, particularmente en una entidad fronteriza como Chihuahua, donde miles de personas mantienen una dinámica constante con Estados Unidos y conocen los procedimientos migratorios que se realizan en los cruces internacionales.
“¿Quién cree que fue por una multa de hace diez años? Creo que nadie le cree que es por una multa de hace diez años”, expresó Daniela Álvarez.
La presidenta estatal del PAN señaló que recibió información de ciudadanos que aseguraron haber presenciado el momento en que Granados fue retenida por autoridades migratorias estadounidenses, situación que, afirmó, alimenta las interrogantes en torno a lo sucedido.
Álvarez Hernández explicó que dichas versiones provienen de testimonios de personas que se encontraban en el lugar y que identificaron a la dirigente morenista cuando fue cuestionada sobre su actividad profesional.
Asimismo, sostuvo que las circunstancias en torno al caso resultan llamativas debido a la relevancia política que actualmente tiene Brighite Granados dentro de Morena, al encabezar la dirigencia estatal del partido y mantener vínculos con importantes actores políticos del movimiento.
La dirigente panista aclaró que no cuenta con evidencia documental sobre los hechos, por lo que sus declaraciones se basan en los testimonios que le fueron compartidos por ciudadanos.
“Hubo testigos. Si yo hubiera tenido una fotografía o un video, con mucho gusto los habría presentado. Lo que existe son testimonios de personas que aseguran haber presenciado lo ocurrido”, señaló.
Daniela Álvarez reiteró que corresponde a la propia dirigencia de Morena aclarar plenamente los hechos y ofrecer una explicación que resulte convincente para la opinión pública.
En otros temas abordados durante la rueda de prensa, las diputadas federales María Angélica Granados y Rocío González expresaron preocupación por las reformas aprobadas recientemente por la mayoría oficialista en el Congreso de la Unión, particularmente aquellas relacionadas con la materia electoral, al considerar que contienen elementos que podrían generar incertidumbre jurídica y afectar los contrapesos democráticos. Por su parte, el coordinador de los diputados locales del PAN, Alfredo Chávez, advirtió sobre los riesgos que representan las recientes modificaciones constitucionales impulsadas por Morena, al señalar que se trata de reformas aprobadas de manera acelerada y sin el consenso necesario.
En ese mismo sentido, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, lanzó una fuerte crítica al paquete de reformas constitucionales impulsado por la mayoría oficialista, al considerar que representan una amenaza para el equilibrio democrático y el funcionamiento de las instituciones.
El legislador cuestionó que la actual legislatura acumule ya cerca de 90 modificaciones a la Constitución y advirtió que muchas de ellas han sido aprobadas sin la discusión suficiente ni los consensos necesarios. Señaló que estas reformas no están orientadas a fortalecer la democracia, sino a construir mecanismos de protección política para quienes hoy ejercen el poder.
Asimismo, criticó particularmente la reforma que contempla la nulidad de elecciones por presunta intervención extranjera, al considerar que desvía la atención de problemas más graves que enfrenta el país, como la infiltración del crimen organizado en la vida pública y los presuntos vínculos de actores políticos con grupos delictivos.
Finalmente, los representantes de Acción Nacional coincidieron en que México necesita instituciones fuertes, contrapesos efectivos y procesos electorales confiables que garanticen el respeto a la voluntad ciudadana, por lo que refrendaron su compromiso de seguir defendiendo la democracia, el Estado de Derecho y las libertades de las y los mexicanos.