Chihuahua, Chih.- La Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida informó los resultados obtenidos durante las últimas tres semanas, entre los que destaca una sentencia de 28 años y seis meses de prisión por un caso de privación de la libertad y homicidio ocurrido en El Sauz, además de nuevas vinculaciones a proceso por homicidios dolosos e imprudenciales.
La coordinadora de la unidad, Adriana Sarahí Villalba Tarango, explicó que el fallo condenatorio corresponde a una carpeta iniciada en 2024 por la privación de la libertad de Mario V.A., quien fue localizado sin vida. Durante el mismo hecho también se cometió un robo en perjuicio del Gobierno del Estado. Los sentenciados, Sebastián O.R. e Irvin P.H., deberán cumplir la pena de prisión y pagar un millón 275 mil 585 pesos como reparación del daño.
Entre los avances también figura la vinculación a proceso de los médicos Jorge C.B. y Edgardo G.G., investigados por la muerte de una paciente que se sometió a una histerectomía en 2021 y falleció en 2023. El juez fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria y determinó como única medida cautelar la promesa de acudir al proceso.
Villalba Tarango informó además que el 10 de julio se ejecutó una orden de aprehensión contra una mujer por un homicidio cometido en marzo en la colonia Martín López de la ciudad de Chihuahua. La imputación se formuló un día después y la audiencia para definir su situación jurídica quedó programada para el 15 de julio.
La unidad también obtuvo vinculaciones a proceso en tres investigaciones por homicidio imprudencial. Los imputados son Arturo A.A., Cristian F.F. y Mirna M.A., con plazos de investigación complementaria que van de cuatro a seis meses.
Sobre el tiempo que requieren algunas investigaciones para llegar a una vinculación a proceso, la coordinadora explicó que cada expediente presenta condiciones distintas. Señaló que la integración de una carpeta depende de la complejidad técnica, la obtención de pruebas y, en los casos de delitos imprudenciales, de las gestiones que suelen realizar las aseguradoras antes de que el Ministerio Público solicite la judicialización del asunto.