Chihuahua.– En la capital del estado, cerca de 250 mil personas reciben algún programa de Bienestar del Gobierno de México. Para miles de ellas representa el ingreso que les permite alimentarse, continuar sus estudios o enfrentar una condición de discapacidad. Por ello, el coordinador del Grupo Parlamentario de morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, afirmó que descalificar estos programas significa desconocer la realidad que viven cientos de miles de familias chihuahuenses.
El legislador respondió a las declaraciones del secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, quien aseguró que los programas sociales “no le dejan nada a la gente”. Estrada sostuvo que ese tipo de expresiones reflejan una visión clasista e insensible hacia quienes hoy ejercen un derecho reconocido por la Constitución.
Para dimensionar el impacto de la política social, explicó que en la ciudad de Chihuahua más de 112 mil personas adultas mayores reciben la Pensión para el Bienestar, ingreso que en muchos casos constituye su único sustento. Además, 31 mil mujeres mayores de 60 años son beneficiarias del programa Mujeres Bienestar; cerca de 65 mil estudiantes de educación básica reciben la beca Rita Cetina; 32 mil jóvenes cursan la educación media superior con el respaldo de la beca Benito Juárez y 4 mil 520 personas cuentan con la pensión para personas con discapacidad.
Sobre este último programa, señaló que la cobertura continúa limitada debido a que el Gobierno del Estado no ha firmado el convenio con la Federación para incorporar a las personas con discapacidad mayores de 29 años.
Estrada también contrastó el alcance de la inversión federal con las finanzas municipales. Mientras el Ayuntamiento de Chihuahua ejerce un presupuesto anual cercano a 7 mil 342 millones de pesos, el Gobierno de México destina alrededor de 6 mil 78 millones de pesos en derechos sociales que llegan de manera directa a las familias de la capital.
“Cuando se afirma que estos programas no le dejan nada a la gente, en realidad se está hablando de más de 250 mil personas que ejercen un derecho constitucional, no de personas que reciben favores”, sostuvo.
El coordinador parlamentario recordó que los gobiernos de morena transformaron los programas sociales en derechos constitucionales para que dejaran de depender de decisiones políticas o de la voluntad de un gobernante. “La inversión social no es un gasto; es una política de justicia que coloca primero a quienes históricamente habían sido olvidados”, afirmó.
Finalmente, hizo un llamado al secretario general de Gobierno a reflexionar sobre el alcance de sus declaraciones y a reconocer que los programas de bienestar representan una política pública que fortalece la dignidad de las personas y contribuye a reducir las desigualdades en Chihuahua.